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Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Inicia su recurso la demandante alegando la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, con indefensión, al habérsele denegado en la instancia medios de prueba propuestos, en orden a acreditar las circunstancias concurrentes necesarias para generar el derecho a obtener una pensión compensatoria, solicitando la práctica de tal prueba en esta segunda instancia.

Como quiera que esta Sala denegó también la práctica de la prueba propuesta en esta segunda instancia, en el Auto dictado en el Rollo de Apelación en fecha 18 de Enero de 2010, a los argumentos allí expuestos nos remitimos, debiéndose añadir únicamente que no existe un derecho ilimitado y absoluto a la práctica de pruebas, y sí sólo un derecho a la práctica de la que resulte pertinente y útil.

Así es doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional: "Este Tribunal ha declarado en reiteradas ocasiones que el derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24,2 ) engloba, como una de sus manifestaciones, el derecho a que la prueba pertinente, propuesta en tiempo y forma, sea admitida por los Juzgados y Tribunales ordinarios ( SSTC 40/1986 , 196/1988 , 87/1992 , entre otras), correspondiendo a éstos, con carácter exclusivo, la formalización del juicio de pertinencia entre los medios de prueba propuestos por las partes y el objeto litigioso de que se trate en cada caso (ver SSTC 55/1984 , 22/1990 )." Igualmente alecciona: " El hecho, sin embargo, de que la realización de dicho juicio sobre la pertinencia probatoria pertenezca con carácter exclusivo a los órganos judiciales integrantes del Poder Judicial, no implica en modo alguno que tales órganos puedan proceder al rechazo o a la admisión de las pruebas de manera arbitraria. La efectividad del derecho a la prueba consagrado en el art. 24,2 Constitución Española, en efecto, requiere insoslayablemente que el pronunciamiento judicial en cuestión aparezca debidamente motivado, de forma que queden exteriorizadas de manera adecuada las razones por las cuales se considera que un determinado medio probatorio resulta impertinente de cara a la resolución judicial de la controversia (ver SSTC 40/1986 , 51/1985 , 233/1992 , 198/97 ).

También en tal punto el Tribunal Supremo ha recogido y aplicado la doctrina del Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia de 11-7-2005 : "El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa se halla explícitamente establecido en el art. 24.2 Constitución Española . La temática relativa a la denegación de pruebas, y falta de práctica de las admitidas, ha sido objeto de especial atención por el Tribunal Constitucional, el cual a través de numerosas resoluciones ha formado un cuerpo de doctrina unitario y consolidado, que se recoge minuciosamente en sus diversas facetas en las Sentencias, entre las más recientes 1/2004, 14 enero ; 3/2004, 14 enero ; 121/2004, 12 julio ; 165/2004, 4 octubre ; 4/2005, 17 enero , y 109/2005, 9 mayo , y cuyos aspectos más destacados (en la perspectiva de este recurso de casación) son los siguientes:

a) Se trata de un derecho constitucional -fundamental- de configuración legal;

b) Ha de referirse a un medio de prueba autorizado por el ordenamiento jurídico y que se haya solicitado en forma y en el momento legalmente establecido;

c) No tiene carácter absoluto, en cuanto que faculta para exigir únicamente la admisión y práctica de las que sean pertinentes. Se entienden por pertinentes aquellas que tengan una relación con el "thema probandi" ( SS., entre otras, 96/2000, 10 abril ; 165/2001, 16 julio ; 70/2002, 3 abril ; 147/2002, 15 junio ; 109/2005, 9 mayo ); o, como dice, la STC 52/2004, de 13 de abril , que "la prueba propuesta sea objetivamente idónea para la acreditación de hechos relevantes";

d) Corresponde a los órganos judiciales al examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas;

e) La denegación debe motivarse razonablemente. El derecho se vulnera en los casos de denegación o inejecución imputables al órgano judicial cuando se inadmiten o inejecutan pruebas relevantes para la resolución final del asunto litigioso, cuando la denegación no tiene lugar en el momento procesal oportuno ( S. 109/2005, 9 mayo , y las que cita), no se expresamotivación alguna, o el rechazo se produce mediante una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable.

En el supuesto de autos, este Tribunal ha efectuado el juicio sobre la pertinencia probatoria en relación con el ámbito de esta apelación y lo ha hecho razonadamnte exponiendo los motivos que le han llevado a rechazar cada una de las pruebas propuestas, en el auto de 18 de Enero de 2010, por lo que su denegación, y de acuerdo con la doctrina expuesta, ninguna indefensión puede ocasionar.

SEGUNDO.- El siguiente motivo de recurso, se dirige a impugnar el pronunciamiento de la sentencia de instancia, que ha denegado su pretensión de que el esposo contribuyera a abonar por mitades e iguales partes los gastos inherentes a la propiedad de la vivienda, al considerar el Juzgador de la instancia, que tales cuestiones debían solventarse en la sede del proceso de disolución y liquidación de la sociedad de gananciales.

Si bien es cierto que la cuestión ahora planteada quedará zanjada de forma definitiva, en la liquidación de la sociedad de ganaciales, pudiendose reintegrar los cónyuges los pagos hechos para sufragar las cargas de la sociedad de gananciales, nada impide que en el momento actual, y hasta tanto se proceda a tal liquidación, pueda acordarse la forma en que cada cónyuge contribuya a sufragar tales cargas, pues es uno de los pronunciamientos que puede contener una sentencia de divorcio tal como expresamente se recoge en el art. 91 del C.c .

Por ello acogiéndose el recurso en este punto, se acuerda que cada uno de los conyuges contribuya en un 50% al pago de los gastos inherentes a la propiedad de la vivienda, y en concreto a los del préstamo hipotecario, tasas municipales, cuotas extraordinarias de la Comunidad de Propietarios, seguro de la vivienda, e IBI.

TERCERO.- Se recurre también por la esposa demandante, el pronunciamiento de la sentencia de instancia que ha denegado el derecho a percibir una pensión compensatoria al no existir el desequilibrio económico necesario para generar tal derecho.

El pronunciamiento se recurre, partiendo de la base de la comparación de la situación laboral de uno y otro cónyuge, asi como de sus respectivos ingresos, concluyendo que siendo en ambos aspectos comparativamente mejor la situación del esposo existe un desequilibrio que debe ser compensado.

El recurso no se acoge, porque a través de la pensión compensatoria, no puede pretenderse una igualdad en la situación económica de cada cónyuge después de la separación, pues no es esa su finalidad, sino la de resarcir un desequilibrio cuya existencia se hará o no evidente, a través del análisis de las circunstancias que se recogen en el art. 97 del C.c .

La sentencia de instancia, valora de forma pormenorizada tales circunstancias y concluye que no existe desequilibrio, apreciación que compartimos plenamante, pues nos encontramos ante un matrimonio de muy corta duración, durante el cual ambos cónyuges han mantenido una independencia económica que pueden seguir manteniendo en iguales circunstancias, y sin que haya exitido ni vaya a existir una especial dedicación a la familia, ante la ausencia de hijos comunes, lo que ha situado a ambos cónyuges en igualdad de condiciones para atender a su propias necesidades, y sin que exista un empeoramiento de la situación disfrutada en el matrimonio, pues la situación era similar a la actual, abstracción hecha de que toda ruptura conlleva en ambos cónyuges, un relativo empobrecimiento al aumentar los gastos, sin disfrutar de los ingresos de ambos.

CUARTO.- Finalmente se recurre también por la esposa el pronunciamiento que le ha denegado la concesión de litis expensas al no concurrir las circunstancias previstas en el art. 1318 del C.c .

Tal pronunciamiento debe confirmarse por la sencilla razón de que en el caso de autos la posición del otro cónyuge no ha impedido a la recurrente obtener el beneficio de justicia gratuita, pues de hecho se le ha concedido, luego no se dan los presupuestos para su concesión.

QUINTO.- Estimándose parcialmente el recurso no se hará pronunciamientos sobre las costas de la apelación (arts. 394 y 398 LEC ).

VISTOS los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey,

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuetso por Amalia contra la sentencia dictada por el juzgado de violencia sobre la mujer nº1 de los de Bilbao en el procedimiento de divorcio nº 74/08 del que este rollo dimana,debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución en el único sentido de acordar que cada cónyuge contribuya en un 50% al pago de los gastos inherentes a la propiedad de la vivienda, y en concreto a los del préstamo hipotecario, tasas municipales, cuotas extraordinarias de la Comunidad de Propietarios, seguro de la vivienda, e IBI.

Confirmando el resto de los pronunciamientos de la instancia y sin pronunciamiento sobre las costas de esta apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Comentario

El Tribunal Constitucional ha declarado en reiteradas ocasiones que el derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa  engloba, como una de sus manifestaciones, el derecho a que la prueba pertinente, propuesta en tiempo y forma, sea admitida por los Juzgados y Tribunales ordinarios, correspondiendo a éstos, con carácter exclusivo, la formalización del juicio de pertinencia entre los medios de prueba propuestos por las partes y el objeto litigioso de que se trate en cada caso. Pero la denegación de prueba existente no vulnera tal derecho fundamental, pues se ha efectuado el juicio sobre la pertinencia probatoria en relación con el ámbito de esta apelación y lo ha hecho razonadamnte exponiendo los motivos que le han llevado a rechazar cada una de las pruebas propuestas,  por lo que su denegación, y de acuerdo con la doctrina expuesta, ninguna indefensión puede ocasionar.

Si bien es cierto que la cuestión ahora planteada quedará zanjada de forma definitiva, en la liquidación de la sociedad de ganaciales, pudiendose reintegrar los cónyuges los pagos hechos para sufragar las cargas de la sociedad de gananciales, nada impide que en el momento actual, y hasta tanto se proceda a tal liquidación, pueda acordarse la forma en que cada cónyuge contribuya a sufragar tales cargas, pues es uno de los pronunciamientos que puede contener una sentencia de divorcio tal como expresamente se recoge en el art. 91 del C.c . Por ello acogiéndose el recurso en este punto, se acuerda que cada uno de los conyuges contribuya en un 50% al pago de los gastos inherentes a la propiedad de la vivienda, y en concreto a los del préstamo hipotecario, tasas municipales, cuotas extraordinarias de la Comunidad de Propietarios, seguro de la vivienda, e IBI.

A través de la pensión compensatoria, no puede pretenderse una igualdad en la situación económica de cada cónyuge después de la separación, pues no es esa su finalidad, sino la de resarcir un desequilibrio cuya existencia se hará o no evidente, a través del análisis de las circunstancias que se recogen en el art. 97 del C.c . La sentencia de instancia, valora de forma pormenorizada tales circunstancias y concluye que no existe desequilibrio, pues nos encontramos ante un matrimonio de muy corta duración, durante el cual ambos cónyuges han mantenido una independencia económica que pueden seguir manteniendo en iguales circunstancias, y sin que haya exitido ni vaya a existir una especial dedicación a la familia, ante la ausencia de hijos comunes, lo que ha situado a ambos cónyuges en igualdad de condiciones para atender a su propias necesidades, y sin que exista un empeoramiento de la situación disfrutada en el matrimonio, pues la situación era similar a la actual, abstracción hecha de que toda ruptura conlleva en ambos cónyuges, un relativo empobrecimiento al aumentar los gastos, sin disfrutar de los ingresos de ambos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

 

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