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Sentencia de divorcio por los tribunales de la Republica de Cuba.

 

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Sentencia de divorcio por los tribunales de la Republica de Cuba.

Fundamentos de Derecho

1.- No habiendo tratado con la República de Cuba ni norma internacional en materia de  reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte aplicable, debe estarse al régimen general  del artículo 954 L.E.C. (de 3 de febrero de 1.881) -que mantiene su vigencia conforme establece la  Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción tercera, de la LEC 1/2000, de 7 de enero-, al no estar acreditada la reciprocidad negativa (art. 953 de la citada Ley de 1881).   2.- Resulta probada la firmeza de la sentencia, según la ley del Estado de origen; la firmeza de la  sentencia, cuyo exequátur se pretende, viene exigida, cualquiera que sea el régimen de  reconocimiento, por el artículo 951 (de la citada Ley de 1881) -que sobre este extremo, no es  únicamente atinente al régimen convencional, si se lee junto con los preceptos siguientes- y  reiterada doctrina de esta Sala.

  3.- El requisito 1º del art. 954 (de la citada LEC 1881) ha de entenderse cumplido habida cuenta  de la naturaleza personal de la acción de divorcio.

4.- En cuanto al requisito 2º del mismo artículo 954, se tiene por probado que el juicio de origen se  siguió con el conocimiento del cónyuge demandado, quien voluntariamente, y pese a haber sido  citado regular y oportunamente para comparecer en el proceso, permaneció ausente del mismo, lo  que en modo alguno puede constituir un obstáculo para el exequátur (cfr. AATS 17-2-98, 7-4-98, 18-5-99, 23-5-2000, 9-4-2002, 4-6-2002, 25-2-2003, 29-4-2003, 31-7-2003, 8-6-2004 y 27-7-2004, entre  otros).

  5.- Por lo que interesa al requisito 3º del precitado artículo 954, la conformidad con el orden  público español -en sentido internacional- es plena: el artículo 85 del Código Civil establece la  posibilidad del divorcio cualesquiera que sean la forma y tiempo de celebración del matrimonio.

  6.- La autenticidad de la resolución, según exige el artículo 954.4º, está garantizada por la  legalización con la que se ha diligenciado y tal y como obra en autos.

  7.- No hay razón para considerar que la competencia judicial internacional de los Tribunales de la  República de Cuba haya nacido de las partes en busca fraudulenta de un foro de conveniencia  (artículos 6º.4 Código Civil y 11.2 L.O.P.J.); el artículo 22.2 y 3 L.O.P.J. no establece foros de  competencia exclusiva, lo que sí hace el artículo 22.1 de la misma Ley Orgánica, pero sin que en el  presente caso concurran ninguno de los foros determinantes de ella en favor de los tribunales  españoles; por el contrario, hay conexiones que no pueden desconocerse, como es la nacionalidad  cubana de la esposa, su domicilio en la República de Cuba al tiempo de promoverse el juicio de  divorcio ante la jurisdicción cubana y el lugar de celebración del matrimonio, razones éstas que  permiten considerar fundada la competencia de los Tribunales de origen, y, por ende, excluir el  fraude en cuanto a la ley aplicada al fondo del asunto, cuestión vinculada a la anterior.

  8.- No consta contradicción o incompatibilidad material con decisión judicial recaída o proceso  pendiente en España.

Fallo

Otorgamos exequátur a la sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de La Habana Vieja, República de Cuba, de fecha 9 de noviembre de 2001, por la que se acordaba el divorcio de D.     y Dª.   , quienes habían contraído  matrimonio en Plaza de la Revolución (La Habana), República de Cuba, el día 21 de febrero  de  2000, inscrito en el Registro Civil español.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que  com Secretario, certifico.

Comentario

Para el otorgamiento de exequátur de sentencia extranjera de divorcio, lo primero será precisar el régimen jurídico aplicable que, ante la falta de acuerdo internacional, será la ley interna española, que para tal fin es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, vigente en esta materia, en sus artículos 951 y siguientes. En ellos se establece cómo para su otorgamiento, la resolución a ejecutar ha de ser firme y auténtica, dictada en procedimiento desarrollado con todas las garantías y sin generar indefensión y que no contravenga el orden público. Además la jurisprudencia añade a los anteriores que la sentencia no podrá pretender llevar a cabo la ejecución de acto en fraude de ley, al emplear un foro de conveniencia. El cumplimiento de las exigencias indicadas para su concesión provoca el otorgamiento del exequátur.

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