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Condena penal por causar lesiones a su hijo menor nacido de una relación extramatrimonial.

 

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Condena penal por causar lesiones a su hijo menor nacido de una relación extramatrimonial.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.-  Se alega en el motivo haberse infringido los artículos 94, 161, 158-3º, 160 y 170 del Código Civil y artículos 2, 11.2, 12 y 13 de la Ley de Protección Jurídica del Menor en relación al  3.1 y 8 de la Convención sobre Derechos del Niño adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Se argumenta que no procedía mantener el régimen de visitas que decretó la sentencia recurrida,  toda vez que el progenitor del menor, nacido éste el 2 de mayo de 1997, fruto de las relaciones  extramatrimoniales que mantuvo con la demandada que reconvino (recurrente casacional) había  causado graves males al niño, hasta el punto de que hubo necesidad de llevar a cabo diversos  ingresos en centros hospitalarios, para ser curado de las lesiones sufridas, por cuyos hechos se  tramitaron diligencias penales en las que figuraba como imputado el padre (demandante) y también  la madre y la grave situación creada determinó la medida judicial adoptada de atribuir  provisionalmente la guarda y custodia del menor a la abuela materna.

El Tribunal de Apelación no accedió a la petición de suspensión del derecho de visitas por el padre,  para lo que tuvo en cuenta que los informes psicológicos aportados no detectaban en el mismo  trastornos mentales, psicopatológicos o disfuncionalidades en las relaciones respecto a otros hijos  del explorado, ni criterios educativos erráticos, considerando conveniente para el menor mantener la  relación con los progenitores, la que debería establecerse respecto al padre en forma progresiva y  con el control inmediato de tercera persona.

Sucede que en el trámite de casación y a petición del Ministerio Fiscal se incorporó a las  actuaciones la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Guadalajara, en procedimiento 119/2000, de fecha 28 de septiembre de 2001, que estableció como hechos probados que don  -------- en el tiempo cronológico de finales de diciembre de 1997 o primeros de enero de  1997, había llevado a cabo diversos y diferentes actos de violencia física sobre su hijo, el menor  Jose Antonio, causando lesiones al mismo que motivaron ingresos y asistencias  hospitalarias, quedándole como secuelas trauma psíquico, callo de fractura en ambas piernas y  posible angulación o dismetría en miembros  que se evidenciaría cuando finalizase el desarrollo, por  lo que dicho progenitor fue condenado como autor criminalmente responsable de un delito de malos  tratos, cuatro delitos de lesiones, y de una falta de lesiones a las penas respectivas de dos años y  seis meses de prisión por el delito de malos tratos y por cada uno de los delitos de lesiones a la  pena de prisión de dos años y seis meses y a cuatro arrestos de fin de semana por la falta, y, a su  vez, a la privación de la patria potestad del hijo.

La referida sentencia fue confirmada por la firme que pronunció la Audiencia Provincial de Guadalajara el 20 de marzo de 2002, con la modificación decisoria de que el límite máximo de  cumplimiento de las penas impuestas sería el de siete años y seis meses.

El artículo 94 del Código Civil se refiere a los progenitores que no tengan consigo a los menores  para establecer el derecho que les asiste a visitarlos, el que judicialmente sólo se podrá limitar o  suspender cuando se dan graves circunstancias que así lo aconsejen, actuando este supuesto  como excepción a la regla general de carácter imperativo -el precepto emplea el término "gozará"-,  en cuanto a las relaciones personales entre padres e hijos y como toda excepción ha de ser  cumplidamente probada.

A su vez el artículo 160 contempla el supuesto bien concreto de que el padre o la madre no ejerzan  la patria potestad, para reconocerles el derecho a relacionarse con sus hijos, lo que podrá  impedirse si concurren justas causas.

El derecho de visitas debe estar subordinado al interés y beneficio del menor y este sentido  proteccionista se manifiesta bien claramente expresado en la Convención de los Derechos del niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, en cuanto que su artículo 9, en relación con el 3,  permite a los Tribunales decretar la separación del menor de sus padres, cuando, conforme a la Ley  y procedimientos aplicables, tal separación sea necesaria, en interés superior del niño (Sentencia de  12-2-1992), y en este sentido la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, de Protección Jurídica del Menor, sienta como principio general la primacía del interés como superior de los menores  sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir (Arts. 2 y 11-2-a), aplicable por tanto al  régimen de visitas, al ser el inspirador de las relaciones personales con los menores y ha de ser  respetado por todos los poderes públicos, padres, familiares y ciudadanos y sobre todo por los  juzgadores, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean mas adecuadas a la edad  del menor, evitando que pueda ser manipulado o sujeto de actuaciones reprobables, pues  progresivamente, con el transcurso de los años, se encontrará en condiciones de decidir lo que  pueda mas convenirle para su integración tanto familiar como social.

El derecho de visitas ha de ceder ante los supuestos de presentarse peligro concreto y real para la  salud física, psíquica o moral del menor (Sentencias de 30-4-1991, 19-10-1992, 22-5 y 21-7-1993) y  en este sentido se ha pronunciado el Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 1992, aunque con  referencia a los divorcios de parejas europeas que no tuviesen la misma nacionalidad, para  establecer que el derecho de visitas ha de suspenderse cuando se pone con elevada probabilidad  directa y seriamente en peligro la salud del hijo en todas sus dimensiones y lo mismo si existe una  resolución incompatible ya ejecutable al respecto.

Aquí tenemos una sentencia firme penal condenatoria que vincula a la Jurisdicción Civil en cuanto a  los hechos declarados probados (Sentencias de 26-9-1994, 28-3-1996 y 31-10-1998) y los mismos  ponen bien de manifiesto la conducta agresiva y violenta del padre hacia el hijo y con ello el peligro  que para éste puede suponer mantener relaciones personales en los actuales momentos, al  concurrir tanto graves circunstancias como justas causas para poder decretar la suspensión del  derecho de visita, respecto a  lo cual los juzgadores gozan de amplias facultades discreccionales,  que aquí no se establece con carácter definitivo para dejar abierta su modificación según las  circunstancias futuras concurrentes.

El motivo se estima.

SEGUNDO.- El último motivo contiene infracción de los artículos 14 y 39 de la Constitución, en  relación al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en apoyo de la pretensión deducida en  vía reconvencional, de que, conforme al artículo 140 del Código Civil, la prestación de alimentos a  favor del hijo, debería haberse efectuado teniendo en cuenta las necesidades del alimentista y  capacidad económica del progenitor obligado.

En el caso presente la sentencia recurrida, a efectos de fijar la pensión reclamada, no tuvo en  cuenta como hecho determinante la ayuda personal que pudiera recibir la recurrente de su madre,  abuela del menor, por lo que no actuó esta situación como criterio decisivo para establecer la  cuantía de la pensión por alimentos, reclamada en la suma de ------------pesetas al mes.

Se argumenta que no hacerlo así el menor Jose Antonio estaría en peor condición como hijo no  matrimonial respecto a los otros dos hijos del padre habidos de unión matrimonial.

La sentencia de apelación lo que tuvo en cuenta fueron disponiblidades económicas actuales del  padre, cargas que pesaban sobre el mismo y necesidades del niño, limitándose a reconocer las  atenciones y cuidados que le puede prestar la abuela materna y a establecer que también pesa  sobre la madre el deber de contribuir con una cifra igual a la aportada por el padre, por lo que se fijó  la suma de 35.000 pesetas como pensión alimenticia mensual, que se presenta como la adecuada  y proporcional.

En la determinación de este importe económico a cargo de los Tribunales rige el prudente arbitrio  de éstos y su revisión casacional sólo puede tener lugar cuando se demuestre concurrir infracción  legal (Sentencias de 16-11-1978, 30-10-1986, 5-10-1993 y 3-12-1996), o si se trata de resolución  ilógica o aparezca evidente desproporción entre la suma establecida respecto a los medios  económicos del alimentante y necesidades reales del alimentista, tratándose de situación que no  alcanza estado definitivo, ya que puede ser objeto de variación, conforme las previsiones del artículo 147 del Código Civil.

El motivo se rechaza, pues el principio de igualdad entre los hijos no impide apreciar situaciones  diferenciadoras que autorizan a fijar los alimentos de que se trata  en distinta cuantía a los  establecidos para una situación precedente y a favor de otros hijos del obligado nacidos de un  matrimonio anterior (Sentencia de 18-5-2001), debiendo atenderse en cada caso a las  circunstancias y estados concurrentes como aquí ha ocurrido.

TERCERO.- Al prosperar el recurso no procede hacer declaración expresa de sus costas, de  conformidad al artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como respecto a las causadas en  la instancia.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Fallo

Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación que formalizó doña Erica contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial de Guadalajara en fecha veintiuno de julio de dos mil, la que casamos y con ello anulamos, con revocación de la dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Guadalajara el dieciocho de diciembre de 1989, para decidir y decretar la suspensión del derecho  de visitas de don Guillermo a su hijo el menor Jose Antonio, confirmándose los  demás pronunciamientos de la sentencia de apelación.

No se hace expresa declaración de las costas del recurso ni de las causadas en las dos  instancias.

Dese conocimiento de esta resolución, mediante el correspondiente testimonio de la misma, a la  citada Audiencia, y devuélvanse las actuaciones a su procedencia, interesando acuse de recibo de  todo ello.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al  efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- ------ Firmados y rubricados.  PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfon-------------  Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la  Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma,  certifico.

Comentario

Los progenitores que no tengan consigo a los menores tienen derecho reconocido a visitarlos, el cual judicialmente sólo se podrá limitar o suspender cuando se dan graves circunstancias que así lo aconsejen; pero tal derecho está subordinado al interés y beneficio del menor, que prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.El derecho de visitas ha de ceder ante los supuestos de presentarse peligro concreto y real para la  salud física, psíquica o moral del menor. En el presente caso existe una sentencia firme penal condenatoria que vincula a la Jurisdicción Civil en cuanto a  los hechos declarados probados  y los mismos  ponen bien de manifiesto la conducta agresiva y violenta del padre hacia el hijo y con ello el peligro  que para éste puede suponer mantener relaciones personales en los actuales momentos, al  concurrir tanto graves circunstancias como justas causas para poder decretar la suspensión del  derecho de visita.

En la determinación del importe económico de la pensión por alimentos a cargo de los Tribunales rige el prudente arbitrio de éstos y su revisión casacional sólo puede tener lugar cuando se demuestre concurrir infracción  legal, o si se trata de resolución  ilógica o aparezca evidente desproporción entre la suma establecida respecto a los medios  económicos del alimentante y necesidades reales del alimentista, no procediendo la modificación de la cantidad decretada por lo expuesto, amén de que el principio de igualdad entre los hijos no impide apreciar situaciones diferenciadoras que autorizan a fijar los alimentos de que se trata  en distinta cuantía a los  establecidos para una situación precedente y a favor de otros hijos del obligado nacidos de un  matrimonio anterior, debiendo atenderse en cada caso a las  circunstancias y estados concurrentes como aquí ha ocurrido.

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