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Deuda tributaría del marido de la autora , régimen económico matrimonial.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- Los dos primeros motivos del recurso de casación tiene la misma argumentación,  aunque desde distintos puntos de vista, ambos fundados en el número 4º  del  artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 1367 del Código civil.

Ciertamente, tal como establece esta norma, los bienes gananciales responderán en todo caso de  las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el  consentimiento expreso del otro. Pero éste no es el tema que se plantea en el presente caso. Es  preciso repasar las fechas: la deuda tributaria se produce en los años 1984 a 1987 por el impuesto  sobre la renta de las personas físicas y por el de valor añadido, por D.  ,  codemandado en rebeldía; éste y su esposa, Dª   , demandante  tercerista en la instancia y recurrente en casación, casados en régimen económico-matrimonial de  comunidad de gananciales otorgan capitulaciones matrimoniales en la que pactan el régimen de  separación de bienes, por escritura pública de 10 de julio de 1987; el 27 del mismo mes y año  otorgan escritura de liquidación de aquella comunidad de gananciales y se adjudican a la  mencionada esposa dos determinadas fincas; en fechas 9 y 29 de octubre de 1991 se dictan  sendas diligencias de embargo por la Administración tributaria, de tales fincas y  el 19 de mayo de  1993 se practica la tasación que se notifica; en fecha 28 de octubre de 1993 se formula la demanda  por la esposa, alegando que los bienes embargados son de su exclusiva propiedad, por habérseles  sido adjudicados tras la liquidación de la sociedad de gananciales.

El  tema planteado no es, como se ha dicho, de la responsabilidad de los bienes gananciales, sino  de la aplicación de los artículos 1317 (la modificación del régimen económico matrimonial realizada  durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros) y  1401 (Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores  conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los  bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o  extrajudicial. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor  cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro) ambos del Código civil.

Las fincas embargadas, al tiempo de nacer el crédito a favor de la Administración tributaria, eran  fincas gananciales, ya que no se ha probado que fueran privativas a efectos de destruir la  presunción de ganancialidad del artículo 1361 del Código civil. Los impuestos derivados del trabajo,  bienes o industria de los dos o de uno de los cónyuges son a cargo de la comunidad de  gananciales; el concepto básico es que son carga de ésta, las obligaciones necesarias para la  conservación de los patrimonios ganancial y privativo: así lo disponen los números 2º y 3º del artículo 1362 del Código civil. Así, la deuda tributaria (años 1984 a 1987) es a cargo de la  comunidad de gananciales y la modificación del régimen económico-matrimonial de gananciales a  separación de bienes (en 1987) no perjudica a tercero, sino que éste conserva sus créditos contra  el cónyuge deudor y no deudor, a quien han sido adjudicados bienes de aquella comunidad y es  válido el embargo (de 1991).

En consecuencia, los bienes que eran gananciales y que han sido adjudicados a la esposa, actual  tercerista, responden de las deudas tributarias que son a cargo de la comunidad de gananciales,  habiendo nacido cuando estaba vigente este régimen. No se ha infringido así el artículo 1367 del Código civil, se desestiman los motivos primero y segundo, manteniendo el criterio de las  sentencias de instancia.

SEGUNDO.- El motivo tercero del recurso de casación y el cuarto, ambos al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegan la infracción de los artículos 1366, el tercero, y 1440, el cuarto, del Código civil por entender que no son carga de la comunidad de gananciales y  por tanto no cabe embargo sobre las fincas que eran gananciales y que han sido adjudicadas a la  esposa, tercerista, en cuanto al componente punitivo de carácter personal, que está formado  por la  sanción y los intereses de demora por el impago.

Haciendo abstracción de que ambos conceptos forman parte de la deuda tributaria, a cargo de la  comunidad de gananciales, los dos motivos deben ser desestimados por tratarse de una cuestión  nueva. La demanda no la plantea, en el escrito de resumen de prueba no se menciona, en la  apelación no se alega y, por tanto, las sentencias de primera y de segunda instancia no la tratan.

La cuestión nueva no cabe ser planteada en casación porque atenta a la interdicción de  indefensión que proclama el artículo 24 de la Constitución Española y quebranta los principios de  contradicción y de igualdad que deben presidir el proceso.

Así lo ha mantenido una reiterada jurisprudencia; sentencias de 8 de marzo de 2001, 30 de marzo de 2001, 31 de mayo de 2001 y 21 de abril de 2003. La primera de éstas dice literalmente: "se trata  de una cuestión nueva que no es admisible en casación: sentencias de 30 de noviembre de 1998, 1 de junio de 1999, 13 de julio de 1999, 18 de octubre de 1999, 14 de junio del 2000; esta última dice:  Todo lo cual configura el vicio casacional de la cuestión nueva, ya que la parte recurrente aporta  extemporáneamente preceptos jurídicos....que en el presente caso alteran la acción o causa de  pedir con lo que se cambia el objeto de la controversia, atentando a los principios de preclusión e  igualdad de las partes, produciendo indefensión al ente afectado (S.A. 11 de abril, 4 de junio, 22 de  julio y 20 de septiembre de 1.944)." Y la última insiste: "Las cuestiones nuevas no examinables en  casación por no tener acceso a la misma, por no haber sido propuesta en el período de  alegaciones, afectan asimismo al derecho de defensa y van contra los principios de audiencia  bilateral y congruencia -sentencias por todas, de 5 de junio y 20 de noviembre de 1990, 3 de abril, 28 de octubre y 23 de diciembre de 1992, 8 de marzo, 3 de abril y 26 de julio de 1993, 2 de diciembre de 1994, 28 de noviembre de 1995, 7 de junio de 1996, 1 y 31 de diciembre de 1999, 23 de mayo, 14 de junio, 31 de julio y 4 de diciembre de 2000, 12 de febrero, 8 y 30 de marzo y 31 de mayo de 2001, entre otras muchas".

TERCERO.- Al desestimarse los anteriores motivos, procede no dar lugar al recurso de casación,  con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Fallo

Primero.- QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL  RECURSO DE  CASACION interpuesto por el Procurador D. ------, en nombre y representación de  Dª -----,   respecto a la sentencia dictada  por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona  en fecha 3 de noviembre de 1.998 que se confirma en todos sus  pronunciamientos.

Segundo.- Se  condena a dicha parte recurrente al pago de las costas de su recurso.

Tercero.- Se decreta la pérdida del depósito constituido al  que se dará el destino legal.

Cuarto.- Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los  autos  y rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al  efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- .- RUBRICADOS.-   PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. -------, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando  Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como  Secretario de la misma, certifico.

Comentario

Los bienes gananciales responderán en todo caso de  las obligaciones contraídas por los dos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el  consentimiento expreso del otro. Pero éste no es el tema que se plantea en el presente caso. Pero el  tema planteado no es de la responsabilidad de los bienes gananciales, sino  de la aplicación de los artículos 1317 (la modificación del régimen económico matrimonial realizada  durante el matrimonio no perjudicará en ningún caso los derechos ya adquiridos por terceros) y  1401 (Mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores  conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los  bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o  extrajudicial. Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor  cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro) ambos del Código civil.

Las fincas embargadas, al tiempo de nacer el crédito a favor de la Administración tributaria, eran  fincas gananciales, ya que no se ha probado que fueran privativas a efectos de destruir la  presunción de ganancialidad del artículo 1361 del Código civil. Los impuestos derivados del trabajo,  bienes o industria de los dos o de uno de los cónyuges son a cargo de la comunidad de  gananciales. Así, la deuda tributaria (años 1984 a 1987) es a cargo de la  comunidad de gananciales y la modificación del régimen económico-matrimonial de gananciales a  separación de bienes (en 1987) no perjudica a tercero, sino que éste conserva sus créditos contra  el cónyuge deudor y no deudor, a quien han sido adjudicados bienes de aquella comunidad y es  válido el embargo (de 1991). En consecuencia, los bienes que eran gananciales y que han sido adjudicados a la esposa, actual  tercerista, responden de las deudas tributarias que son a cargo de la comunidad de gananciales,  habiendo nacido cuando estaba vigente este régimen.

La cuestión nueva no cabe ser planteada en casación, porque atenta a la interdicción de  indefensión que proclama el artículo 24 de la Constitución Española y quebranta los principios de  contradicción y de igualdad que deben presidir el proceso y ello porque afectan al derecho de defensa y van contra los principios de audiencia  bilateral y congruencia.

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