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LA INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO EN FORMA RELIGIOSA EN EL REGISTRO CIVIL ARTICULO 59 DEL CODIGO CIVIL .

 

 

 

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Comentario en RadioTelevisionEspañola Consultatuderecho.com

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 20 agosto 1991.

Jurisdicción: Vía administrativa

Resumen: REGISTRO CIVIL: EXPEDIENTE PREVIO AL MATRIMONIO CIVIL: AUTORIZACIÓN: procedencia: celebración en España de anterior matrimonio islámico: carácter exclusivamente religioso: inexistencia del acuerdo previsto en el art. 59 del C.Civ.: carece de eficacia en el orden civil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El primero de los obstáculos que aduce el auto apelado para no autorizar el matrimonio civil pretendido es la circunstancia de que ninguno de los promotores tiene su domicilio en Melilla, pero esta apreciación constituye una evidente equivocación material, atribuible a una defectuosa redacción del impreso utilizado, porque está plenamente justificado que la contrayente es vecina de aquella ciudad en la que está empadronada.

SEGUNDO.- El segundo de los obstáculos que se aduce es que los contrayentes ya han contraído matrimonio islámico entre sí en la misma ciudad de Melilla, ostentando la interesada la nacionalidad española desde 1975. Ahora bien, este hecho no está suficientemente comprobado, pues se halla en contradicción con la fe de estado y el certificado de soltería acompañados y con el resultado de la audiencia personal, reservada y por separado, realizada por el Instructor -cfr. art. 246 R. R. C. (RCL 1958\1957, 2122; RCL 1959\104 y NDL 25895)-, pero es que incluso, aunque ese enlace por el rito musulmán se hubiera celebrado en territorio español y puesto que la interesada tiene la nacionalidad española, resultaría que esa ceremonia no es, hoy por hoy, forma matrimonial reconocida ni susceptible de producir efectos civiles -cfr. art. 60 C. C. y la Res. de 17 de junio de 1991 (RJ 1991\5687)-, al no existir todavía los acuerdos con el Estado ni la ley estatal a que alude el artículo 59 del Código Civil, de modo que no existe ningún inconveniente para que quienes han celebrado un matrimonio exclusivamente religioso y sin eficacia civil puedan solemnizar su unión acudiendo a la forma civil prevista por el legislador español.

Resolución Dirección General de los Registros y del Notariado, de 20 enero 1982.

Jurisdicción: Vía administrativa

Resumen: Registro Civil: matrimonio civil de divorciado extranjero y soltera, ante el Cónsul de Cuba en España.

CONSIDERANDO:.- Que, tras las últimas diligencias practicadas, hay que partir de la base de que está suficientemente comprobado que el interesado había perdido la nacionalidad española por adquisición de la cubana, conforme al art. 20 del C. Civ. en su redacción originaria entonces vigente, en el momento en que contrajo su matrimonio canónico en España, y que también perdió la nacionalidad española su mujer, por virtud de lo que en esa fecha proclamaba el art. 22 del C. Civ., de modo que tal nacionalidad cubana y la pérdida de la española persistían en los contrayentes cuando después obtuvieron en Cuba sentencia firme de divorcio vincular.

CDO.:.- Que la incidencia que sobre el matrimonio que ahora se pretende inscribir pueda suponer el estado de divorciado del contrayente extranjero -única cuestión contemplada en el auto apelado- ya fue abordada y resuelta en el sentido de permitir las nupcias, por Resoluciones de este Centro de 6 abril 1979 (RJ 1979\1462) y 28 enero 1981 (RJ 1981\1186), y hoy con mayor razón, una vez admitido el divorcio vincular en la legislación interna española.

CDO.:.- Que debe afrontarse ahora la cuestión planteada por el Servicio en su propuesta, la de si debe estimarse nulo y, por tanto, no inscribible el matrimonio consular celebrado dentro de España entre un connacional del Cónsul y una española, cuestión que debe ser resuelta, de acuerdo con el principio de irretroactividad de las leyes y con lo dispuesto en la Disp. Transit. 2.ª del C. Civ., conforme a las normas vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 30/1981, de 7 julio (RCL 1981\1700), que reforma el Tít. IV del Lib. 1.º del C. Civil.

CDO.:.- Que la cuestión planteada, que directamente afecta al caso concreto objeto de este expediente, tiene especial gravedad por la repercusión del fallo en otros muchos casos de que tiene noticia este Centro Directivo, ya de matrimonios civiles de españoles ante Cónsul español siendo el otro contrayente nacional del país ante el que el Cónsul está acreditado, ya de matrimonios civiles celebrados ante Cónsul acreditado en España siendo uno de los contrayentes español; y si bien, y dada la fuerza de las razones que abonan la tesis de la nulidad del matrimonio, hubiera sido conveniente haber excluido, en vía preventiva, una forma que no es totalmente segura, en cambio, una vez contraído el matrimonio, la interpretación de las normas debe arrancar el principio del "favor matrimonii".

CDO.:.- Que para la inscripción del matrimonio de los dos requisitos, consentimiento y forma, el primero es el fundamental, pues el matrimonio es esencialmente un acto de la sola decisión de los contrayentes y, en cambio, la forma, que los ordenamientos positivos exigen por razones evidentes de interés público, admite en los ordenamientos distintas inflexiones de las que son ejemplos tradicionales el antiguo matrimonio canónico clandestino, las sucesivas normas canónicas sobre formas excepcionales y la figura de la sanatio in radice, y hoy lo dispuesto en el C. Civ. (cfr. art. 53 y, menos claramente, art. 78);

CDO.:.- Que los graves intereses que se cruzan en el consentimiento matrimonial, que tanto compromete a las personas en sus bienes más íntimos, obligan a extremar el principio del favor negotii; y a estimar que, en concreto, el favor matrimonii impide entender que un matrimonio pública y seriamente celebrado sea nulo por defecto de forma, en tanto no resulte la nulidad de textos legales indubitados, máxime en un sistema, como el español hasta hace muy poco vigente, que no conoce instituciones sanatorias de los matrimonios nulos por defecto de forma.

CDO.:.- Que en la cuestión de si es posible contraer matrimonio en España ante Cónsules extranjeros es norma aplicable la establecida en el párrafo final del art. 100 C. Civ. que, aunque directamente, contempla sólo los matrimonios de españoles celebrados en el extranjero, deberá entenderse completada, según reiteradas Resoluciones como las de 7 julio 1949, 1 marzo 1951, 6 mayo 1961, 22 mayo 1969, en el sentido de entender, por reciprocidad, igualmente posible que los Cónsules extranjeros, si les faculta para ello su respectiva Ley, pudieran intervenir en España como autorizantes en los matrimonios de sus nacionales respectivos.

CDO.:.- Que como los términos del último párrafo del art. 100 C. Civ. no distinguían a qué matrimonios de españoles se referían, deben entenderse incluidos, por el principio del "favor matrimonii", tanto los matrimonios de españoles cuando ambos contrayentes eran españoles, como los matrimonios de españoles cuando el otro contrayente era extranjero y cualquiera que fuera la nacionalidad del mismo; y recíprocamente la misma solución deberá darse al matrimonio de extranjeros celebrado ante los Cónsules extranjeros en España.

CDO.:.- Que no pueden invocarse como precedentes válidos antiguas Resoluciones de este Centro Directivo relativas a la admisión de la forma consular porque habían sufrido dos graves condicionamientos, ya superados antes de la Ley 7 julio 1981: 1.º) La doctrina jurisprudencial (Sentencia del T. S. de 1 marzo 1919 y 26 abril 1929), según la cual eran nulos los matrimonios civiles de los españoles celebrados en el extranjero sin la intervención de los Cónsules españoles, y aunque se hubiese cumplido, en cambio, la forma local extranjera; 2.º) La preocupación por el fraude de las disposiciones referentes al sistema de matrimonio civil subsidiario, cuyo ejemplo más claro era la Res. de 19 febrero 1941. Tales condicionamientos determinaron que en cierta época, ya lejana, la forma consular fuera la única admitida para los matrimonios civiles de los españoles en el extranjero, pero como, de otra parte, esta rígida doctrina era contraria a los derechos humanos, puesto que podía significar negar prácticamente (por las dificultades de hecho para llenar la forma consular) el derecho al matrimonio, se dio enseguida un alcance restrictivo a la exigencia y a la posibilidad de forma consular, en el extranjero, negándolas cuando uno de los contrayentes no era español (Res. de 25 marzo 1950) y, recíprocamente, negando competencia a los Cónsules extranjeros para autorizar en España matrimonios civiles si la contrayente era española (Res. de 1 marzo 1951).

CDO.:.- Que, desde que se disiparon las dudas sobre la admisión de los matrimonios civiles de españoles, contraídos en el extranjero con arreglo a la forma local -cfr. art. 73 L. R. C. (RCL 1957\777 y NDL 25893)-, y una vez cambiado el sistema matrimonial español -ya antes de la Ley de 7 julio 1981- con los nuevos principios políticos positivos, no había inconveniente, para que, entrando en juego el principio del "favor matrimonii", pudiera concluirse que no era nulo el matrimonio civil autorizado por Cónsul español en país extranjero si uno de los contrayentes era español y aunque el otro fuere nacional del país en que el matrimonio civil se celebraba (lo que parece admitir ya la Res. de 27 noviembre 1948); y recíprocamente, que tampoco era nulo el que se había celebrado en España ante el Cónsul de la nación de uno de los contrayentes, aunque el otro fuera español.

CDO.:.- Que cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las actuaciones oficiales previas al matrimonio, en la celebración misma, la única declaración de voluntad relevante es la de los contrayentes y, en cambio, la intervención del funcionario autorizante -sea o no Juez- tiene el significado de puro requisito formal, sin que haya, por parte de este funcionario, declaraciones o decisiones que permitan entender su actuación dentro de la jurisdicción -juris dictio- ni contenciosa ni voluntaria, por lo que son inoportunas -para negar competencia a los Cónsules extranjeros- las citas de los preceptos que encomiendan en España la función judicial a órganos sólo españoles; precisamente este carácter extrajurisdiccional de la intervención del Juez explica que en el Derecho Comparado y en el mismo Derecho español, tanto en el hoy vigente, como en el anterior, pueda contraerse matrimonio ante quien no es Juez, y que no haya tampoco obstáculos constitucionales para que pueda preverse la válida celebración en España del matrimonio en forma religiosa, aunque el Ministro de la religión respectiva sea extranjero y aunque uno o incluso los dos contrayentes sean españoles.

CDO.:.- Que con arreglo a los arts. 98 de la Ley del Registro Civil y 371 de su Reglamento (RCL 1958\1957 y NDL 25895), y al no apreciarse temeridad en la recurrente, son gratuitas las actuaciones seguidas.


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