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PENSIÓN COMPENSATORIA A FAVOR DE UNA MUJER POR EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO QUE SUPONE LA EXTINCIÓN DEL MATRIMONIO.

  Fundamentos de Derecho

PRIMERO.-

Por la actora, Doña --- , se promovió demanda de divorcio frente a su esposo Don --- solicitando se dicte sentencia en la que se declare haber lugar a la disolución del matrimonio por divorcio y se fijen una serie de medidas, entre las que se encuentra la concesión de una pensión compensatoria por cuantía de 100 euros mensuales a cargo del demandado. Alega la actora haber contraído matrimonio con el demandado el 11 de octubre de 2.003, teniendo el matrimonio dos hijas nacidas el 23 de marzo de 2.005, habiendo dejado los esposos de convivir el 18 de agosto de 2.010. Asimismo se señala en la demanda que las hijas del matrimonio se encuentran en acogimiento familiar administrativo de forma permanente por resolución de fecha 28 de febrero de 2.011. Por su parte el demandado está de acuerdo con la declaración de disolución del matrimonio por causa de divorcio y discrepa de la fijación de pensión compensatoria alguna a favor de la demandante, toda vez que en la actualidad él tiene 45 años, trabaja como repartidor para una empresa percibiendo con carácter neto ----- euros mensuales, ya que tiene un embargo por cuantía de --- euros mensuales, destina una cantidad mensual de --- euros para sus hijas, una de las cuales está con su hermana y la otra con sus padres, y asimismo señala que vive en una casa de alquiler por la que abona --- euros al mes. En cuanto a la esposa sostiene que tiene 46 años y que trabajo antes del matrimonio en un bar y durante el matrimonio en una serie de trabajos como empleada del hogar, no teniendo ninguna carga familiar.

La juzgadora de primera instancia dictó sentencia declarando haber lugar al divorcio, sin que proceda fijar cantidad alguna en concepto de pensión compensatoria. Se razona en la recurrida que la parte actora no ha presentado prueba alguna que acredite la existencia del desequilibrio económico que exige el art. 97 del CC para la concesión de la pensión, citando a mayor abundamiento el art. 770.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y señalando que la demandante no compareció al acto del juicio pese a haber sido citada en legal forma. Frente a esta resolución interpuso la actora el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.

- Alega la demandante que la sentencia de primera instancia infringe el art. 770.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , conforme al cual: "a la vista deberán concurrir las partes por sí mismas,con apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren inadmitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. También será obligatoria la presencia de los abogados respectivos". Ciertamente se observa por el visionado de la grabación que al acto de la vista no comparecieron ninguna de las partes, ni la actora ni el demandado. Cuestión distinta es si la actora ha probado la existencia del desequilibrio económico que exige el art. 97 del CC para la concesión de la pensión compensatoria y en este punto la parte recurrente sostiene que la resolución de primera instancia ha infringido lo dispuesto en el art. 97 del CC y estima que ya en la demanda se evidencia que han convivido los cónyuges ocho años, habiéndose acreditado documentalmente que el esposo percibe ...... euros mensuales porque no computa que el descuento de 180 euros que se efectúa en su nómina es un adelanto semanal, debiendo en cambio tenerse en cuenta, contrariamente a lo pretendido por la apelante, el embargo judicial de 96,75 euros al mes, de modo que a su juicio esta prueba es suficiente para estimar acreditada la situación de desequilibrio, porque ella pasa de convivir con el marido a residir sola y sin trabajo. A estas alegaciones opone el apelado que el hecho de que él no haya asistido tampoco a la vista no evita el que la juzgadora acote con el precepto citado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues lo relevante es que se solicite el interrogatorio de la parte y la misma no haya comparecido y en el acto de la vista fue la parte demandada quien solicitó el interrogatorio de la demandante. La Sala, sin desconocer los términos del art.770.3 de la LEC , estima que el precepto no tiene carácter imperativo sino que concede una facultad, que en el presente caso ninguna de las partes compareció al acto del juicio y, por último, que la parte demandada no señaló para el interrogatorio el contenido concreto de las preguntas que deseaba formular a la actora. Sentado lo anterior nos encontramos con que como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2.010 : "La cuestión de fondo, atinente a la función que cumplen las circunstancias contempladas en el artículo 97 CC (LEG 1889, 27), ante la posibilidad de que se entiendan como determinantes de la existencia o no de desequilibrio y, por ende, de pensión, o simplemente como parámetros para valorar la cuantía de la pensión ya determinada, fue abordada por vez primera por esta Sala en STS de Pleno de 19 de enero de 2.010 (RJ 2010, 417), RC n.º 52/2006 . Esta sentencia concluye que las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: la de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. Y a tenor de dicho criterio, que acaba con la posición dispar mantenida hasta ese momento por las Audiencias Provinciales, se fija como doctrina jurisprudencial que «para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatoria debe tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge, el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyugesen tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio».

En el caso de autos lo que consta es que los litigantes convivieron durante siete años, que tuvieron dos hijas que se encuentran en la actualidad en acogimiento familiar, que la alegación del demandado de pasarles alimentos por cuantía de --- euros mensuales no ha sido contradicha por la recurrente, como tampoco el que ambos viven en viviendas de alquiler, sosteniendo el demandado que satisface por el alquiler de su vivienda --- euros al mes, siendo un hecho pacífico que en la actualidad la recurrente cuenta 46 años años y el apelado con 45, no habiéndose acreditado que la demandada desarrolle ninguna actividad laboral ni la desarrollara en el momento de la ruptura, como tampoco consta que la actora se dedicara exclusivamente al cuidado de las hijas, pues según se hace constar en la resolución de la Consejería tras el nacimiento de las niñas los progenitores no se sintieron capaces de hacer frente a sus cuidados, por lo que las niñas en un principio quedaron en el domicilio de los abuelos paternos y si bien los padres las visitaban diariamente participando la demandante en los cuidados de las niñas, las mismas no residían con ellos. A la vista de estas circunstancias debe señalarse que a la parte actora le competía acreditar la existencia del desequilibrio, lo que no ha hecho, no habiendo acreditado cuál era la situación en el momento de la ruptura ni cuál la situación en la actualidad, y de las circunstancias de las que tiene conocimiento la Sala se infiere la precariedad de medios económicos de la parte demandada así como que ha de alimentar a las hijas, pagar el alquiler de la vivienda y hacer frente aun embargo judicial con la escasa remuneración que percibe por su trabajo. En este sentido el Tribunal Supremo en la Sentencia de 22 de junio de 2.011 declaró: "-Según aclara la citada jurisprudencia, tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. De esto se sigue que, a diferencia de la pensión alimenticia, en la compensatoria no hay que probar la existencia de necesidad, toda vez que, como se ha dicho, el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por sí mismo. Lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge.

-En sintonía con lo anterior, siendo uno de los razonamientos que apoyan su fijación con carácter temporal aquel que destaca, como legítima finalidad de la norma legal, la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial, resulta razonable entender que el desequilibrio que debe compensarse debe tener su origen en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.

-La expresada naturaleza y función de la pensión compensatoria obligan al órgano judicial a tomar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de percepción, factores numerosos, y de imposible enumeración, entre los más destacados, los que enumera el artículo 97 CC . Estos factores o circunstancias tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión ( STS de 19 de enero de 2.010 (RJ 2010, 417), de Pleno [RC n.º 52/2006 ], luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 ( RJ 2010, 8023) [RC n.º 514/2007 ] y 14 de febrero de 2011 [RC n.º 523/2008 ]). Por último, operan también estos factores para poder fijarla con carácter vitalicio o temporal, pues permiten valorar la idoneidad o aptitud del beneficiario para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio. Para este juicio prospectivo el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre. Las conclusiones de la AP al respecto, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquéllas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97 CC y que han de servir tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los declarados por la jurisprudencia ( SSTS de 9 y 17 de octubre de 2008 [ RC n.º 516/2005 y RC n.º 531/2005 ], de 28 de abril de 2010 [RC n.º 707/2006 ] y de 4 de noviembre de 2010 [RC n.º 514/2007 ]).

A la luz de esta doctrina, la existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, con respecto a la situación que tenían hasta entonces, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica, sin el cual no es posible el reconocimiento de la pensión compensatoria. Los dos puntos de referencia obligada son el momento de la ruptura -que ha de servir para comparar las situaciones económicas vigentes hasta ese instante con las posteriores- y el elemento personal, -pues lo que se han de comparar son las situaciones personales de ambos cónyuges referidas a ese momento-".

Y se añade "Finalmente, no puede obviarse el hecho de que, privada la pensión compensatoria del componente asistencial, lo que legitima que el cónyuge más desfavorecido por la situación de desequilibrio económico producida por la ruptura, pueda instar su compensación mediante una pensión a cargo del cónyuge menos desfavorecido, es que tal desequilibrio traiga causa de la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, razón por la cual la pensión, de concederse, deberá fijarse en cuantía y duración suficiente para restituir a éste en la situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial.

La aplicación de esta doctrina al caso determina que deba estimarse este primer motivo, por cuanto, el reconocimiento de la pensión a favor de la esposa se hace descansar en la mera constatación de su situación de desigualdad económica, con respecto a su marido, en atención al dato del salario que cada uno percibe por su trabajo, aisladamente considerado. Este razonamiento conculca los parámetros apuntados por la jurisprudencia, contrarios a identificar el necesario desequilibrio económico con una disparidad no desequilibrante en los ingresos -resultado de comparar la situación inmediatamente anterior a la ruptura con la que van a tener que soportar a resultas de ésta-, y abre la posibilidad de su revisión en casación.

Así, y en primer lugar, de los argumentos empleados por la AP se desprende la idea de que la pensión compensatoria tiene por finalidad enmendar la disminución del nivel de vida que conlleva toda ruptura de convivencia, entendiendo que su función ha de ser permitir al cónyuge más desfavorecido seguir disfrutando de un nivel económico similar al que llevaba durante la etapa de normalidad conyugal, lo que no se compadece con la finalidad que le reconoce la jurisprudencia examinada y, además, dado que el nivel de vida que el matrimonio adquirió quiebra necesariamente con la ruptura, se trata de un criterio que puede implicar el efecto de responsabilizar de ésta y del consiguiente empobrecimiento de ambos miembros de la pareja, únicamente al cónyuge que se encuentra en mejor situación económica al cesar la convivencia." En razón a lo expuesto, dadas las circunstancias concurrentes en el caso de autos, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto.

TERCERO.

- Dada la naturaleza de los temas debatidos y las duda que habitualmente suscita la determinación de la existencia del desequilibrio en casos como el enjuiciado, no procede hacer expresa declaración sobre las costas del recurso de conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Doña ----s contra la sentencia dictada en fecha veintidós de septiembre de dos mil once por la Ilma Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de --- , en los autos de los que el presente rollo dimana, que se CONFIRMA

No procede hacer expresa declaración en cuanto a las costas del presente recurso.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-

Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario, doy fe.

Comentario

La existencia de un desequilibrio económico entre los esposos en el momento de la ruptura de la convivencia, con respecto a la situación que tenían hasta entonces, constituye un presupuesto de hecho requerido por la norma jurídica, sin el cual no es posible el reconocimiento de la pensión compensatoria, lo que no procede, pues la solicitud se basa en la mera constatación de su situación de desigualdad económica, con respecto a su marido, en atención al dato del salario que cada uno percibe por su trabajo, aisladamente considerado. Este razonamiento conculca los parámetros apuntados por la jurisprudencia, contrarios a identificar el necesario desequilibrio económico con una disparidad no desequilibrante en los ingresos -resultado de comparar la situación inmediatamente anterior a la ruptura con la que van a tener que soportar a resultas de ésta-, y abre la posibilidad de su revisión en casación.

A la vista de estas circunstancias debe señalarse que a la parte actora le competía acreditar la existencia del desequilibrio, lo que no ha hecho, no habiendo acreditado cuál era la situación en el momento de la ruptura ni cuál la situación en la actualidad, y de las circunstancias de las que tiene conocimiento la Sala se infiere la precariedad de medios económicos de la parte demandada así como que ha de alimentar a las hijas, pagar el alquiler de la vivienda y hacer frente aun embargo judicial con la escasa remuneración que percibe por su trabajo.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.

 

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