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Porcentaies aplicables El porcentaje tradicionalmente aplicable a las anteriormente señaladas bases reguladoras determinantes de la cuantía final de la pensión de viudedad era, como se ha ser alado, el 45%. No eran solo limitaciones financieras las que justificaban este reducido porcentaje: el tamaño de la familia típica de la epoca -con familias normalmente de más de 3 hijos o descendientes- aseguraban la percepción -mientras se mantenla la minoría de edad de los descendientes del causante- del 100% de la base reguladora, como se ha dicho no muy alejada, cuando el trabajador estaba en activo, de los salarios dejados de percibir por el fallecimiento, asegurando así que los ingresos de la unidad familiar se mantenían más o menos en los mismos terminos que antes del fallecimiento del causante. La reducida tasa de natalidad de la sociedad española y la consiguiente reducción progresiva del tamaño de la familia nuclear -que en muy escasos supuestos llega a tres o mas descendientes- han roto las reglas anteriores de tal forma que en muy pocos casos se llega a asegurar la subsistencia de la unidad familiar, subsistencia que se dificulta con el encarecimiento de la vida especialmente en las grandes zonas urbanas pues tampoco hay que olvidar que el transito de una sociedad rural a una sociedad urbana ha dificultado tambien la cobertura de las necesidades vitales de caracter alimenticio que en el ambito rural se veían cubiertas con actividad agraria de subsistencia. Ni siquiera el mecanismo de los complementos por mínimos respecto de los cuales la Ley 24/1997 de 15 de julio previo su extensión progresiva -4 anos- a los pensionistas menores de 60 anos 197 - aseguraba una cobertura adecuada de la efectiva situación de necesidad en la que determinados viudos/as quedaban con el fallecimiento del causante.

El Acuerdo para la Reforma de las Pensiones de 9 de abril de 2001, firmado por el Gobierno, la patronal CEOE y el sindicato CC.00 -no así por UGT' 98 -, preveía varias medidas de mejora referidas a la cuantía de la pensión de viudedad, medidas que fueron plasmadas normativamente a través de varias normas: en primer lugar, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social; en segundo lugar, por el RD 1465/2001, de 27 de diciembre, de modificación parcial del régimen jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia; y, finalmente y en tercer lugar, por el ya señalado RD 1795/2003, de 26 de diciembre, de mejora de las pensiones de viudedad.

En la actualidad, y fruto de las normas anteriores hay que distinguir dos regímenes jurídicos respecto del porcentaje aplicable: el régimen común o general y el régimen especial en el que, a través de una asistencializacion de la prestación -no obstante mantenerse su origen y fundamento claramente contributivos- se mejora el porcentaje aplicable cuando concurren determinadas circunstancias. En ningún caso se trata de la configuración de una modalidad no contributiva de viudedad sino simplemente de una mejora de su cuantía condicionada a la prueba del estado de necesidad: los requisitos de acceso -afiliación, alta o asimilada o en su caso, no alta o asimilada y carencia cuando deriva de riesgos comunes, asi como en general, todo el régimen jurídico de la prestación- es identico al régimen jurídico "común" o general.

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