HOME/MAPA
consultas juridicas consultas legales
separacines en internet

Separaciones y Divorcios .DIVORCIOGESTION.COM

abogado internet
divorcio laboralista informe juridico, separacion

CONSULTA ABOGADO condiciones

807464826

 
 
 

3300 Escritos y documentos a para uso gratuito a disposición del ciudadano

807 46 48 26

Donde un abogado por telefono le resolverá de forma inmediata, sus dudas legales.

-La llamada no podra durar mas de 30 min

- Sin tener que hacerse socio

- Sin pagar cuotas

- Sin darse de alta

- Hable sólo con abogados Coste máximo por minuto: · 1,18 € desde red fija y

· 1,53 € desde red móvil, impuestos incluidos.

 

  Tfn. At. Cliente

902 021 086

TRAMITACION

HONORARIOS

REQUISITOS LEGALES

CONTRATAR


¿Necesita consultar con un abogado?

807 46 48 26

Donde un abogado por telefono le resolverá de forma inmediata, sus dudas legales.

-La llamada no podra durar mas de 30 min.

- Sin tener que hacerse socio

- Sin pagar cuotas

- Sin darse de alta

- Hable sólo con abogados

Coste máximo por minuto:

· 1,18 € desde red fija y

· 1,53 € desde red móvil, impuestos incluidos.

GUIA E IDEAS PARA SALIR DE LA CRISIS ECONOMICA

divorcio separacion matrimonial expres internet hijos pension alimentos online nulidad divorcios separaciones abogado mutuo acuerdo contencioso juzgados jueces manutencion pension alimentospension compensatoria

 

Resolución judicial que deniega efectos civiles a sentencia canónica de nulidad matrimonial

 

CONSULTA JURÍDICA INMEDIATA 1,20+iva Recibira respuesta a sus dudas legales

DIVORCIO 450 EUROS Divorcio Express sin celebrar juicio

Servicio de reclamación de deudas coste 30 € Reclame sus deudas

Consulta Gratuita de Embargos Hipotecarios Consulta ante embargos de sus propiedades.

Elija abogado que le defienda en accidentes de tráfico con cargo a su poliza de seguro Le defendemos ante accidentes de trafico

Servicio de solicitud de Pensión de Incapacidad

RadioTelevisiónEspañola Consultatuderecho.com

Resolución judicial que deniega efectos civiles a sentencia canónica de nulidad matrimonial

 1. Que, antes de entrar en el caso controvertido en estos autos, hemos de tratar el tema, que sugiere el Fiscal, de la comprobación de haberse agotado la vía judicial previa: En efecto, el art. 44.1 a) de la LOTC autoriza el recurso de amparo siempre que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial. La doctrina de este Tribunal, expresa, al respecto, el criterio de que sólo podrá conocer del fondo de la cuestión planteada cuando el recurrente haya agotado las vías procesales de que dispone, sin obtener la debida protección de los derechos que invoca. Y, ya que la Ley 30/1981, de 7 de julio , que regula el procedimiento especial para las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos , determina que, contra el Auto resolutorio que, en sentido denegatorio, dicte el Juez, no se dará recurso alguno, pero añade que «quedará a salvo el derecho de las partes y del Fiscal para formular su pretensión en el procedimiento correspondiente» (disposición adicional segunda punto 3); cabe preguntarse si el óbice de procedibilidad que ello supone, respecto al recurso de amparo, cuando el recurrente ha hecho uso de esta facultad, hace inexcusable la terminación del proceso correspondiente con carácter previo a la interposición del amparo. La Sala estima que esta interpretación sería en absoluto improcedente como lo pone de manifiesto la simple comparación de la literalidad de los preceptos que acaban de ser citados. En efecto, mientras el art. 44.1 a) de la LOTC exige el agotamiento de todos los «recursos», la Ley 30/1981 alude a «procedimiento correspondiente», términos que no son en absoluto intercambiables. El reconocimiento de un procedimiento más para reclamar el derecho nada tiene que ver, en sentido técnico, con el agotamiento de la vía de recursos a que se refiere la LOTC; aquél constituye un derecho que puede o no ejercitar la parte y que, de hacerlo, abre un nuevo cauce judicial que debe ser agotado antes de residenciar en sede constitucional el tema; pero que puede ser renunciado porque a nadie se le puede obligar al seguimiento de un nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado.

        2. En cuanto al reconocimiento legal de eficacia en el orden civil, de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico y decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, se sustenta de una parte en el carácter aconfesional del Estado - art. 16.3 de la Constitución Española - y, de otra, en el párrafo siguiente del propio texto legal que obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación. Pues bien, es este principio cooperativo el que se expresa en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 en el que se reconoce a la Iglesia Católica, entre otras, las actividades de jurisdicción; y así, el art. VI.2 del mismo autoriza a los contrayentes a acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado otorgando a dichas decisiones eclesiásticas la eficacia civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución del Tribunal civil competente; la disposición transitoria segunda instaura un régimen transitorio para las causas pendientes que se seguirán tramitando ante los Tribunales Eclesiásticos , y sus Sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el art. XXIV del Concordato de 1953.

        El citado art. XXIV del Concordato obligaría a comunicar la Sentencia, una vez firme y efectiva, al Tribunal civil competente, el cual decretaría lo necesario para su ejecución a efectos civiles.

        Finalmente, la Ley 30/1981, de 7 de julio , contiene la nueva redacción del art. 80 del Código Civil que dispone que las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil a solicitud de cualquiera de las partes si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente de acuerdo a las condiciones a que se refiere el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la disposición adicional segunda, 2, de la misma Ley ordena que, presentada la demanda por cualquiera de las partes, el Juez dará audiencia por plazo de nueve días al otro cónyuge y al Fiscal y si, no habiéndose formulado oposición, aprecia que la resolución es auténtica y ajustada al Derecho del Estado, acordará la eficacia en el orden civil de la resolución eclesiástica procediéndose a su ejecución con arreglo a las disposiciones del Código Civil .

        3. El proceso eclesiástico iniciado por la demandante, la denegación de cuyos efectos civiles por el Juzgado correspondiente es el motivo del presente recurso de amparo, se inició por demanda de fecha anterior al Acuerdo con la Santa Sede, mientras que la Sentencia en dicho proceso recayó en 1980, por tanto vigente ya el Acuerdo, así como la Constitución. No podemos desconocer que la valoración de estos hechos pertenece a la esfera de competencia del órgano judicial al que se atribuye la violación del Derecho fundamental, pero ello no es óbice para que el Tribunal Constitucional pueda y deba tenerlos en cuenta en cuanto inciden en el mantenimiento y respeto del disfrute de los derechos fundamentales. En efecto, la Ley aplicable en el presente caso por mandato del Derecho transitorio a que acabamos de aludir es la anterior al Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. Cierto que no vamos a resolver aquí un problema de legalidad, y somos conscientes de que, así como la aplicación del Derecho intertemporal procedente no elimina sistemáticamente la posibilidad de inconstitucionalidad, porque en el curso del proceso correspondiente, regido por la Ley adecuada, se cometa una violación de un Derecho o libertad susceptible de amparo, así tampoco la mera inaplicabilidad de derecho correspondiente engendra por sí sola violación constitucional.

        A este respecto hemos de reconocer que, si bien no aparecen indicios de violación del art. 16.3 de la Constitución Española , pues la cooperación del Estado con la Iglesia Católica no implica automatismo en el reconocimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos ni se ve de qué modo la negativa al reconocimiento de efectos civiles daña el principio de igualdad del art. 14 de la propia Constitución, ya que, antes al contrario, el fundamento de la resolución contra la que se ejercita el amparo es el de sometimiento de todos los Tribunales españoles al Derecho del Estado, el precepto que puede verse afectado es el del art. 24, en cuanto garantiza a todas las personas el derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, lo que implica el reconocimiento de los efectos de las resoluciones de los Tribunales predeterminados por la Ley por todos los órganos del Estado. Si el reconocimiento a los católicos de someter sus relaciones matrimoniales a los Tribunales Eclesiásticos aparece reconocido en la legislación aplicable y si, por otra parte, la obligación de reconocer los efectos civiles de las correspondientes resoluciones aparece también declarada, la negativa a proceder de esta suerte, por parte de un órgano del Estado, cuando se dan las circunstancias exigidas por dicha legislación debe ser remediada, aparte del problema de la constitucionalidad misma de la norma de donde resulten aquellos derechos o dicho de otro modo, la constitucionalidad del Acuerdo entre España y la Santa Sede a que nos venimos refiriendo.

        4. Esta Sala en Sentencia dictada en autos 65/1980, de fecha de 26 de enero de 1981, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero, ha hecho alusión a que el problema de la transitoriedad ha de ser interpretado «en nuestro tiempo marginando soluciones fáciles apoyadas en la efectividad de la disposición derogatoria de la Constitución y evitando, sin daño para el sistema y desde luego, para la armonía institucional que dice el art. 16.3 de aquélla, vacíos normativos, a la espera de las nuevas regulaciones en la materia. Ciertamente aquellos preceptos, en un conjunto normativo que obedece a una redacción que tiene en el Concordato de 1953 su directa inspiración, tienen en la base la confesionalidad del Estado y una concepción de la jurisdicción como uno de los poderes del Estado que no padecían por el ejercicio por los Tribunales Eclesiásticos de funciones que, en cuanto se proyectan en el orden jurídico civil, podrían entenderse propios de la jurisdicción estatal». Como expresa dicha Sentencia, los principios son, ahora los de aconfesionalidad y exclusividad jurisdiccional a los que responde el Acuerdo con la Santa Sede, pero el tránsito debe hacerse con exquisito cuidado de evitar los vacíos a que se ha aludido, siempre que no padezcan las libertades públicas y los derechos fundamentales.

        5. Hemos de reconocer que el tema acotado de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Acuerdo del Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 no presenta en este caso rasgos coincidentes con los que afrontamos en aquella otra ocasión en la Sentencia de la Sala a que acabamos de referirnos y en la que expresamente se decía que «todo se ha desarrollado desde la entrada en vigor de la Constitución Española y antes de la vigencia del Acuerdo con la Santa Sede...» por lo que «no fundamentándose (la resolución recurrida) en el Acuerdo con la Santa Sede, no puede entrar en juego el art. 55.2 de la LOTC»; pero en el caso de autos ya hemos visto cómo la resolución que se recurre se produce vigente dicho Acuerdo y decide un caso iniciado antes de su entrada en vigor por lo que, en principio, es de aplicación el mismo, al menos en cuanto define el derecho transitorio aplicable.

        No podemos menos de constatar que este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional y, por tanto, como aprecia el Fiscal, se inserta en la clasificación del art. 94 de la Constitución Española , sin que, respecto a él se haya, institucionalmente, denunciado estipulaciones contrarias a la propia Constitución ni procedido conforme al art. 95 de la misma y, una vez publicado oficialmente el tratado, forma parte del ordenamiento interno. Este Tribunal no debe, sin haber sido previamente requerido por los órganos constitucionales previstos, entrar en el examen de la supuesta contradicción cuando ningún órgano judicial ha planteado cuestión constitucional, ni la han suscitado las partes.

BASES DE CONSULTAS JURÍDICAS CON MAS DE 600 RESPUESTAS ACCESO INMEDIATO

-TRÁFICO, MULTAS Y VEHICULOS.

-HERENCIAS Y DONACIONES.

-PENSIONES, INCAPACIDADES LABORALES.

-TRABAJADORES, EMPRESAS, CONTRATOS LABORALES, SALARIOS, ETC.

-PROPIEDADES, FINCAS, VIVIENDAS, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS.

-SEPARACIONES, DIVORCIOS, MENORES, PENSION ALIMENTOS, ETC

- FISCALIDAD, HACIENDA, SERVICIOS BANCARIOS.

-PENALES.

-EXTRANJERÍA.

-VARIOS TEMAS.

Listado que incluye todas la respuestas jurídicas incluidas en la bases de consultas legales.

 

 

Comentario en RadioTelevisiónEspañola sobre Consultatuderecho.com

La información aquí recogida lo es solamente a nivel orientativo, sin que quepa ningún tipo de responsabilidad por el uso que de la mismas se pueda hacer por terceras personas.

 El visitante debe verificar su contenido y actualidad en alguna fuente oficial, las afirmaciones y opiniones vertidas en esta pagina son meramente orientativas, y no constituyen en ningún caso, una asesoría o asistencia jurídica detallada. El despacho de abogados que la gestiona, no se responsabiliza del uso o interpretaciones que los lectores puedan hacer del contenido de esta pagina web y recomienda que ante cualquier contingencia se recurra a los servicios de un profesional.

 

LISTADO DE TODAS LAS PAGINAS DE LA WEB CONSULTATUDERECHO.COM
 
 
letrado gratis consultas juridicas gratis
consultas legales gratuitas

www.divorciogestion.com-2005-2013

respuestas juridicas
preguntas juridicas separacones on line, respuestas legales preguntas legales